Ex conscriptos 1973 – 1990: Las víctimas invisibles de la dictadura

Se estima que cerca de 400 mil jóvenes fueron llamados a cumplir con el servicio militar obligatorio durante la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte. Fueron testigos y víctimas de los horrores de la opresión. Golpeados, torturados y obligados a participar en pelotones de fusilamientos. Hoy demandan política y judicialmente al Estado por la reparación moral y económica que el mismo presidente Sebastián Piñera habría prometido en calidad de candidato, a través de una carta,  una semana antes de ser electo, pero aún no se obtiene respuesta gubernamental alguna. Ésta es la ingrata historia de jóvenes que nunca fueron reconocidos como víctimas de la dictadura militar.

Por Darío Espinoza, Jesús Farías, América Jiménez, Constanza Rojo y Vanessa Tagle.

Aún no partía oficialmente la campaña presidencial el año 2009, cuando en octubre del mismo año, en Linares, se le consultó al entonces candidato presidencial Sebastián Piñera sobre la demanda que estaban exigiendo los ex conscriptos de la dictadura. Esta demanda contenía varias exigencias, como por ejemplo, el pago de las cotizaciones,  una indemnización para los afectados por las vejaciones vividas, y la correspondiente ayuda psicológica.  En ese momento el futuro Presidente de la República declaró estar informado de la situación, y acogió la demanda comprometiéndose que ésta sería parte del programa de gobierno.

Dos meses más tarde, el 17 de diciembre, Andrea Ojeda -ingeniera comercial, militante RN y relacionadora pública de la campaña presidencial del candidato de derecha– habría recibido un llamado de Fernando Mellado, presidente de la agrupación Nacional de Ex Soldados Conscriptos 1973-1990. “En cinco minutos más vamos a salir en todos los medios nacionales e internacionales acusando al candidato Piñera de incumplimiento de palabra”, sentenciaría Mellado. Cinco minutos después, Ojeda habría llamado de vuelta para calmar los ánimos y lo citaría al comando de campaña, ubicado en Apoquindo 3000: “Te tenemos una solución”, señaló ella según el testimonio de Mellado.

Ese mismo día más de cien personas, entre personeros de la campaña presidencial y ex conscriptos, se reunieron a las afueras de dicho edificio. Rodrigo Hinzpeter, quien en ese entonces era coordinador general del comando presidencial, ofreció un acuerdo de palabra en donde se señalaba que si ellos resultaban victoriosos en las presidenciales, encontrarían una solución apropiada. Tras las presiones ejercidas por los ex conscriptos, Hinzpeter decidió firmar un documento escrito en donde se plasmaba el compromiso.

La carta, que adjuntamos bajo este reportaje y que contendría la firma del Presidente de la República, Sebastián Piñera, y la del actual ministro de Defensa, Rodrigo Hinzpeter,  establece:

“(…)En un plazo breve después de iniciado nuestro gobierno nos comprometemos a tener respuesta a este tema; nos guía la necesidad de dar el apropiado reconocimiento, dignificación, valoración y reparación a este esforzado grupo de compatriotas que en condiciones a veces muy difíciles cumplieron con su responsabilidad con la Patria”.

1973: El inicio de la historia

Fernando Mellado, dirigente de la Agrupación de Ex conscriptos 1973-1990, tenía diecisiete años cuando ingresó al servicio militar en febrero de 1973 en la Escuela de Telecomunicaciones del ejército, ubicada en Antonio Varas con Francisco de Bilbao, en Providencia. Después de la revisión física aprendió una lección que recordaría hasta el día de hoy: “El oficial a cargo, del que no recuerdo bien el nombre, dijo: ‘De ahora en adelante pasan a ser míos, ustedes van a ser nuestros y ahora la hueá cambia’”. “Pero -continúa Mellado-, a un niño, de los que estaba en la fila,  se le ocurrió rascarse la cara”. El niño, como recuerda Mellado, fue brutalmente golpeado en frente del pelotón. “Nunca más supimos de él” –sentencia-.

El ex conscripto recuerda que a las cuatro de la madrugada del 11 de septiembre de 1973 fueron despertados. Los oficiales y tenientes vestían uniforme de combate, los treinta más grandes fueron separados del grupo y trasladados al centro de Santiago, el resto continuó a la espera de nuevas órdenes. El destino era Huérfanos con Estado en pleno centro de Santiago en las afueras de la Galería España. La orden era resguardar el edificio, ya que ese día habría disturbios en el centro. Avanzada un poco la mañana, Mellado escuchó a Salvador Allende hablar por la radio: “ahí nos enteramos que era un golpe de Estado. ¿Qué era un golpe de Estado? no teníamos idea”. Recuerda además el momento justo del bombardeo a La Moneda: “Había mucho  silencio de las calles y de pronto un gran balazo. No se detuvo más”.

Los adolescentes conscriptos pasaron cuatro días en ese edificio encerrados y sin comida. La desesperación comenzaba a capturarlos: “Nos sentamos afirmados contra la pared con otro pelado, con mucha hambre, nos sonaba la guata. De repente nos miramos, sin decir absolutamente nada, y vimos que había un pelado que estaba allí durmiendo tirado en el suelo. Sacamos lo yataganes (cuchillos militares) y yo lo levanté para matar al gallo y comérmelo. Imagínate, como un loco; nos estaban volviendo locos. Providencialmente la poca conciencia que teníamos a esa edad nos detuvo. Luego de eso sólo atinamos a llorar. Mientras afuera del edificio la muerte sí se apoderaba de Santiago”.

Mellado no es el único conscripto que se atreve a contar las atrocidades a las que fueron sometidos. Pese a que en muchos casos el simple ejercicio de recordar esta época logra martirizar a quienes las vivieron, haciendo que en su mayoría opten por el silencio como terapia, es posible encontrar algunos testimonios, como el del Ex Conscripto Anastasio Raimundo Palma, las cuales  dan cuenta de  las múltiples técnicas de torturas usadas por ellos y en ellos.

Al servicio de la Patria

En esta época de los años setenta, el proceso de reclutamiento en Chile era sencillo: si el nombre de la persona era alistado en las tropas militares, inmediatamente este pasaba a manos del Estado. No importaba que fuera menor de edad, si estudiaba, si trabajaba o tenía familia, desde ese momento iniciaba su deber cívico con el país.

Anastasio Palma sabía estas determinantes en abril del año 1978, cuando fue llamado para cumplir el servicio militar obligatorio junto con otros mil hombres, todos de escasos diecisiete años. Recordar esa fecha no es fácil para los ex conscriptos, sin embargo para Anastasio es una historia que merece ser contada.

A su joven edad fue obligado a dejar su hogar en la Región Metropolitana para unirse al Regimiento Maipo de Valparaíso. Desde ahí, él, al igual que miles de otros adolescentes fue  enviado en una flota a distintas unidades de la zona norte del país por los primeros tres meses, como parte del “Periodo de Recluta”.

Anastasio cuenta que desde el momento en que se le asignó el Regimiento Carampangue, Fuerte Baquedano; ubicado entre el poblado de Guara y Pozo, en plena pampa de Iquique, supo que lo que se veía venir no sería fácil. Las técnicas de maltrato partieron en el mismo traslado: “Desde el momento en que nuestros torturadores o instructores  nos bajaron del bus -porque no se nos permitió bajar solos- lo hicieron a golpes y bastonazos con la intención de que nuestros cuerpos cayeran del mismo bus. Ahí fue donde conocimos los famosos “Parches Rojos” que eran horribles bofetadas en la zona entre la cara y el cuello”.

Ese momento marcó la tónica de lo que serían los siguientes dos años para él. Según sus propias palabras, todos los militantes fueron torturados tanto psicológica – no dudaban en convencerte de tu mediocridad y falta de valentía y hombría – como físicamente durante el día y la noche, sin lugar para descanso o señales de debilidad: “No se podía llorar ni quejarse porque si lo hacías eras un cobarde y traidor a la patria. Dicha traición era duramente castigada, si tenías suerte eran abusos sexuales, en otras, humillaciones y golpizas públicas, pero el castigo favorito de los torturadores era el cotidiano fusilamiento”.

No más silencio

El año 2007,  la Asociación de Ex Conscriptos de Puente Alto –liderada por el ex conscripto Pedro Cáceres-  inicia, bajo el alero legal del abogado Hernán Montealegre, la elaboración de las querellas que serían presentadas con posterioridad en los tribunales. Testimonios, acusaciones específicas, descripciones acabadas que exigen justicia e indemnización por haber sido víctimas de violaciones a sus DDHH. Este camino judicial fue tomado como otra forma de planteamiento, desmarcándose de lo que sería un estilo más político y lobbysta, que –aseguran- lleva la Asociación Nacional de Ex Conscriptos para la obtención de reconocimiento.

Un año después, con el cuerpo de las demandas construida, interpusieron querellas con las siguientes peticiones y exigencias: (1) que se reconozca  existieron violaciones de DDHH a los ex conscriptos que hicieron su servicio militar entre los años 1973-1990; (2) que exista la reposición de sus imposiciones impagas, con sus respectivo interés; (3) que la justicia civil juzgue a los militares de alto mando responsables de las transgresiones a los DDHH, según lo dicta el Código de Justicia Militar y por último, se solicita a un ministro en visita que lleve a cabo la investigación judicial correspondiente.

En total, fueron 438 querellas presentadas por la asociación puentealtina que permanecen en la Segunda Fiscalía Militar en proceso de entrevistar a los afectados.

La explosión del malestar

El día cuatro de julio del presente año, la Comisión de Derecho Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado de la República  extendió una invitación al – en ese momento – ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, para que participara en la sesión que realizaría la comisión  respecto al caso de los ex conscriptos, el día once de julio. Sin embargo, Hinzpeter desistió de concurrir “hasta que el Gobierno haya adoptado una postura sobre los planteamientos realizados por las distintas agrupaciones”.

Es así como ningún personero y ninguna entidad se ha hecho cargo de esta realidad que deja consecuencias hasta el día de hoy.

Ante esta realidad, Rossi Lama, secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,  sostiene que es difícil para su programa trabajar en las demandas: “Desgraciadamente no tienen nada que ver con nuestro trabajo. Nosotros obedecemos un mandato legal que tiene que ver con la asistencia social a los detenidos y familiares de desaparecidos durante la dictadura, que figuren en el Informe Rettig y Valech, y que se señalen en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y/o por su sucesora, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Sin embargo, las demandas de estas asociaciones son de carácter civil. Nosotros nos hicimos presentes en la mesa de trabajo sólo para aportar conocimientos en materia de Derechos Humanos, pero no podemos brindarles ayuda”, asevera.

Entre estas personas –indica- que aparecen en los documentos señalados hay algunos ex conscriptos, los cuales han sido catalogados como víctimas de la violencia política imperante. Sin embargo, los casos registrados son pocos y tratan sobre conscriptos que ya fallecieron.

“Matar o morir”

Los ex conscriptos ya no temen. El dirigente de la Asociación de Ex Conscriptos 1973-1990  asegura que hay gente emocionalmente inestable,  dispuesta a “matar o morir” en la lucha por su reivindicación,  y como una amenaza latente establece que él no puede hacerse cargo de gente con instrucción militar capacitada para enfrentarse a Carabineros en el caso de una futura acción de protesta. “Entre diez gallos balanceamos un carro lanza agua y lo dejamos patas para arriba (…). Si un Carabinero nos levanta la mano va a quedar la grande, ya nos pegaron lo suficiente”.

Para el día 20 de enero se tenía programada una movilización nacional que no llegó a efectuarse. Pero la Asociación de Ex Conscriptos 1973-1990 asegura que volverán a las calles de manera masiva, sin revelar cómo ni cuándo, para tomar al Gobierno y a la opinión pública por sorpresa.

A casi un año de que Sebastián Piñera deje La Moneda, su gobierno no ha entregado soluciones concretas a estos hombres que fueron llamados a cumplir el Servicio Militar Obligatorio. Son las víctimas desconocidas de la dictadura de Pinochet, que –veintitrés años después de obtenida la democracia-  aún permanecen desprotegidas de la institucionalidad, del Gobierno y la justicia.