Por Loreto Soto.
Cuando Pablo Longueira asumió el Ministerio de Economía hace algunos meses, lo hizo con un solo objetivo en mente: sacar a la Cartera del bajo perfil que tradicionalmente la ha caracterizado, para convertirla en el escudo de batalla de lo que él mismo bautizó como la “repartición de la defensa de la clase media”.
Y el escenario que le tocó fue favorable. Había explotado el caso La Polar y, como nunca, los cuestionamientos hacia las malas prácticas financieras estaban en el centro del debate nacional. Longueira aprovechó esta coyuntura para introducir un tema que hace tiempo había sido advertido por las organizaciones de consumidores y que es el germen del gran nivel de sobreendeudamiento que tienen los chilenos, la Tasa de Interés Máxima Convencional (TMC).
Este instrumento corresponde al máximo legal de intereses permitido para los emisores financieros, que se calcula aplicando un 50 % del interés promedio cobrado por los bancos. Y aunque a simple vista este cobro parece estar delimitado, lo cierto es que esta medida fue implementada en 1966 cuando las tasas de inflación anuales eran superiores al 30 %, o sea, cuando el valor real del dinero era mucho menor. Pero hace ya más de una década que la inflación no supera el 4 % y, de hecho, en 2010 cerró en un tres.
Esto ha traído enormes beneficios, tanto a los bancos como a las empresas del retail, que han incrementado sus utilidades a menor costo del dinero. Es por eso que los chilenos – que en promedio mantienen cuatro tarjetas de crédito – ven cómo sus cuotas, precisamente, se duplican amparadas en esta normativa. Tanto es así, que ni siquiera es necesario que se produzcan situaciones irregulares, como las cuestionadas repactaciones unilaterales, para que la soga financiera apriete cada vez más fuerte el bolsillo de los clientes de estas compañías.
Según las organizaciones de consumidores, un cambio en este sentido podría significar un alivio para los usuarios de los bancos y de retailers. Sin embargo, advierten que todavía falta regular otros temas como la aplicación de intereses sobre interés, al solicitar, por ejemplo, el refinanciamiento de una deuda o los pagos atrasados.
El lunes se llevó a cabo un seminario especial patrocinado por la comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Allí se discutieron las perspectivas técnicas sobre una eventual modificación de la Tasa de Interés Máxima Convencional. Y aunque algunos especialistas ya se han mostrados reticentes a estos cambios, argumentando una eventual desbancarización – que podría afectar a los sectores más vulnerables que tendrían más trabas para acceder a los créditos – también hay voces que insisten en que ésta es otra muestra más de los cobros usureros que realizan las instituciones financieras.
El ministro de Economía se había comprometido a enviar este proyecto durante la primera semana de septiembre. Ahora, todos los ojos estarán puestos en el secretario de Estado para ver si se logra implementar una modificación real, que realmente pueda aliviar los bolsillos del 60 % de sobreendeudados del país.
