Por César Villarroel.
El último año realmente ha sido intenso, hemos recorrido Chile, navegado por sus costas y buceado bajo sus aguas tricontinentales. En todo este tiempo, cada inmersión, avistamiento de mamíferos marinos o aves, fue acuñando en nosotros la inmensa convicción de que todo nuestro territorio marítimo debería ser Reserva Marina. Esta utopía, basada no sólo en nuestra experiencia sino que el de cientos de buzos, navegantes y observadores del mar, descansa en una comprobada biodiversidad que ha sido estudiada por reconocidos científicos nacionales y extranjeros, pero esta lejos de ser una realidad. Suena increíble imaginarse que de más de 3 millones cuadrados de mar que poseemos, sólo el 4,41% este protegido bajo alguna forma que lamentablemente además sólo parece funcionar en el papel.
De esta manera, el mapa de este mezquino porcentaje se dibuja así: Áreas de Manejo (178), que son algo así como parcelas submarinas de desarrollo económico para los pescadores artesanales, administradas por IFOP; Reservas Costeras(3), concesiones de estudio cedidas a universidades por el ministerio de defensa; Reservas Marinas(5), que corresponden a áreas de resguardo administradas por SERNAPESCA que buscan proteger zonas de reproducción; y Parques Marinos(3), implementados por la CONAMA bajo el programa GEF de las Naciones Unidas, y que sin un administrador definido aún, pretenden restaurar los ecosistemas costero-marinos.
Es así como el sistema de protección marino y en general de todas las áreas protegidas del país, involucran a varias instituciones, cada una con figuras y objetivos distintos actuando todas bajo una legislación dispersa respecto al tema. La mayoría de los decretos que se han promovido en pos de estas Reservas están impulsados por los numerosos convenios internacionales, acuerdos, cartas y compromisos que el Estado ha firmado comprometiendo la fe pública internacional.
En este marco, hoy por hoy, se esta intentando promover bajo una nueva institucionalidad la ampliación de la zonas costeras protegidas bajo el modelo de “Áreas Marinas y Costeras Protegidas de Múltiples Usos”(AMCPMU) como herramienta de gestión para proteger y conservar la biodiversidad, reducir los conflictos de uso, generar instancias de investigación y educación, y además desarrollar actividades comerciales y recreativas, bajo la modalidad de los GEF marino ya antes mencionados. Esta iniciativa necesaria, que se agradece, intentara aplicar un modelo que en la práctica no funciona y que deriva en grandes problemas.
Para entender mejor su funcionamiento y sus efectos a largo plazo debemos remontarnos a su creación. Diseñadas en USA bajo una administración republicana, adepta a la cacería, se decidió que la caza de animales se debía permitir en las zonas protegidas. Esto derivó a la ideología de que las zonas protegidas son una carga económica para el Estado y se encargó a las agencias gubernamentales diseñar un plan de gestión de estos “recursos” con la finalidad de hacer autosustentable económicamente las zonas protegidas, tanto terrestres como marinas. De esta forma, se creó un esquema de gestión basado no en las propiedades biológicas de los recursos, sino en la ideología de obtener el máximo de dinero de estas áreas.
Con tres grandes etapas definidas las AMCPMU en teoría no son nada de malo pero en la práctica resultan desastrosas. Veamos las razones.
[1] Se propone la protección de una zona de importancia biológica pero no se excluyen actividades que se realizan actualmente en la zona y que están perjudicándola. Esto bajo la ideología que las áreas protegidas son una carga económica para el estado en vez de una responsabilidad de cuidado del patrimonio común, siguiendo la simple lógica que si no da dinero no tiene valor, ignorando el valor intrínseco actual y futuro además del biológico.
[2] El modelo de AMCPMU hace que una vez declarada la zona a proteger, la gestión que se hace del área procure el desarrollo de múltiples usos, en base a licitaciones de todas las actividades imaginables factibles de realizar que se identificaron durante su estudio, lo que en la práctica aumenta las actividades humanas muy por sobre las que habían cuando se reconoció que debía protegerse.
De esta forma se promueve el desarrollo de actividades comerciales precisamente donde queríamos disminuirlas, agregando actividades que ni existían cuando se notó que el área requería protección. Todo esto lleva a aumentar la presión antrópica en un área ya amenazada. ¿Para qué? Para hacer negocio, que es lo que el modelo procura y que el Estado promociona vía licitaciones. La correcta gestión es otra. Se debe determinar las actividades que están haciendo daño y regularlas, sin agregar más ingredientes a la sopa. Estudiar si las poblaciones se recuperan o no y en caso de ni recuperarse restringir aún más. Si se recuperan, mantener las restricciones hasta que sólo en base a la dinámica de las poblaciones de los recursos afectados se decida ajustar las regulaciones. Sin embargo, la gestión que impone la AMCPMU es totalmente opuesta a esto, incrementando desde el inicio las actividades humanas, en base a regulaciones por modelos teóricos construidos sin la información de biología poblacional y de comunidades biológicas precisas.
[3] Los estudios: En el modelo la idea de MU (múltiple usos) incorpora una gestión que aplica una serie de etapas inferiores en las que se termina por producir un listado de todo lo posible de hacerse que se pueda para producir dinero en la zona a proteger como mencionamos, licitando estos servicios con limitaciones que supone protegerán la zona. Sin embargo, un talón de Aquiles, es como se imponen las capacidades de carga de un ambiente. En este caso, se asumen muchos hechos no demostrados procurando determinar capacidades de carga, desconociendo las dinámicas poblacionales, al considerar (en el mejor de los casos) sólo el número actual de individuos de una población biológica pero no su dinámica (tasa de reclutamiento), ni el efecto aditivo entre las actividades. Esto quiere decir que, por ejemplo, se identifican las diversas actividades que se pueden hacer, como navegaciones, buceos, kayak y tours de fotografía dentro del área protegida, cada una se estudia y se determina, a pesar de la carencia de información de dinámica poblacional, una capacidad de carga. Se asume que lo que hay es lo correcto sin considerar jamás el reducir una actividad ya presente que pudiera ya estar afectando la zona. Considerando además, los análisis de cada actividad en forma independiente, unas de otras y no sumándolas. Esta obviedad, no considera el enorme efecto aditivo que en la practica existiría y que arroja resultados desastrosos que solo son medibles una vez instalado el modelo de AMCPMU.
Volvamos a USA, su país de origen. ¿Qué ha pasado? Luego de varios años de implementado, el sistema ha esta colapsado. Los sitios donde se gestionó con el modelo de AMCPMU, resultaron sobre presionando las áreas protegidas, aumentando su velocidad de deterioro y disminuyendo la capacidad para remediarlo. ¿Por qué? Porque se generaron más actores involucrados (stakeholders) que antes, por lo que las discusiones hoy son mayores al haber mayor diversidad de intereses. El Estado, licitador de estas actividades, se ve imposibilitado de detenerlas, dejando que pase lo que deba pasar, ósea que el patrimonio se dañe al punto que esas inversiones se quiebren. Produciendo una cadena de eventos en los que el incremento de la presión se distribuye progresivamente entre menos recursos, colapsándose unos tras otros.
¿Y en Chile? bueno, como siempre copiamos lo estético y moderno pero sin mucho análisis adoptando un modelo aplicable aún cuando no se tiene la suficiente información biológica del área pero que con colores muy atractivos, gráficos y etapas, seduce. Un modelo además que hace que las áreas a proteger produzcan dinero provocando un fuerte potencial de aprobación en los Estados como el nuestro, que tratan de disminuir las áreas a proteger evitando costos.
Hace algunos años, muchos de nuestros actuales docentes (por ejemplo de la PUC), que estaban haciendo sus post-grados en USA, adquirieron esta propaganda como lo moderno y la trajeron a Chile sin meditar su origen, ni tener datos concretos de cómo éste funciona en la práctica ni menos considerar que nuestro ambiente es mucho más frágil y más diverso, con más especies pero con poblaciones menores. De hecho, vivimos en un ambiente reciente e inestable, moldeado entre glaciaciones y volcanismo, regresiones e “ingresiones” del mar en donde incrementar las actividades precisamente en los sitios más vulnerables y relevantes que el resto (factor semillero) es darle una estocada a la naturaleza justo donde más le duele.
Quizá una solución, no muy popular, es partir declarando pequeñas zonas que en base estrictamente a criterios biológicos, protejan nuestra diversidad biológica en la costa bajo el modelo de “No Take”, que básicamente es un candado de protección con muy buenos resultados de recuperación y protección en sistemas frágiles. El resto es paja molida. Dinero mal gastado, ruido y luces pero al final un detrimento del patrimonio natural en niveles no reversibles. Ampliar las reservas es correcto, hasta las costas es muchísimo mejor, pero de Múltiples Usos, no gracias.
+Mar para todos.
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