Es oficial. Tras una agonía de meses, el concepto “gobierno de excelencia” dejó de existir tras una serie de complicaciones que evidenciaron un frágil estado de salud que arrastraba desde su origen. Desde La Moneda se llama a concurso público para encontrar un nuevo relato que dé sentido a la actual administración.
Por J. Sully
Era el gran relato para diferenciarse de la Concertación, pero terminó teniendo pronta fecha de expiración. Las malas prácticas, las muestras de ineficiencia, la gran brecha entre las expectativas y la discreta realidad terminaron por matar la promesa de un “gobierno de excelencia” que el candidato Sebastián Piñera anunció a los cuatro vientos.
Como dicen los viejos zorros: “Otra cosa es con guitarra”. El caso Van Rysselberghe no fue el primer traspié, pero sí el más es paradigmático. Tras la denuncia, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, evitó poner las manos al fuego, pero las presiones de la UDI y la hipótesis de un alto costo electoral en la Región del Biobío obligaron a confirmar a “la Coca”. Sin embargo, el cálculo falló. Nuevos antecedentes de irregularidades, un cultivo de marihuana en un fundo del esposo de la ex intendenta y otras perlitas obligaron a echar pié atrás y pedirle su salida.
Desde La Moneda se preocuparon por no herir susceptibilidad. Van Rysselberghe contó con una cuidada puesta en escena y, pese a lo reprochable del caso, se fue con el agradecimiento del gobierno por su “encomiable labor”.
Con Magdalena Matte, la historia se repitió. Un caso que en otros tiempos, la prensa y la derecha no habrían dudado en catalogar como acto de corrupción, esta vez fue definido y escenificado como un gesto de grandeza de la saliente autoridad. Varios ministros acompañaron en su “último adiós” a la ex titular de Vivienda y la aplaudieron a rabiar como si mereciera premio ¿Debemos estar agradecidos de Matte o cuestionar su responsabilidad en la autorización para pagar un sobreprecio de 34 millones de dólares a la empresa Kodama? Juzgue usted.
Pero las renuncias poco decorosas se han sucedido desde la llegada de la derecha al poder. Para muestra un botón:
- Ximena Ossandón: se le pidió la dimisión luego de una serie de desaciertos comunicacionales, entre los que figuró calificar su millonario sueldo de “reguleque” y dejar entrever que algunas madres se iban a la playa o a tomar mientras dejaban a sus hijos en los jardines de la Junji.
- Francisco Estrada: en octubre de 2010 se le solicitó la renuncia por uso irregular de un auto fiscal.
- Enrique Russel: el director suplente del servicio de Salud Araucanía Norte trajo de vuelta el desterrado concepto de sobresueldos y deberá reintegrar aproximadamente 30 millones de pesos de remuneraciones entregadas por “error”.
- Guillermo Donoso. El director del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) renunció tras denuncias de fraude al Fisco y entrega de información confidencial a empresas del rubro. El Gobierno aseguró que la dimisión se debió a que la cuestionada autoridad decidió retomar sus actividades académicas. Yia!
- Luis Felipe Puelma: el director del Servicio de Salud del Maule renunció a su cargo tras la polémica licitación para la reparación del Hospital de Talca, luego la constructora Socoicsa acusara que las obras habían sido adjudicadas a otra compañía que cobraba ocho mil millones de pesos adicionales. ¿Otro negocio?
Políticas sociales de cinco lucas
Pero la ineficiencia y las malas prácticas no son la única mala cara de este gobierno. Hay otra peor que dice relación con la forma de entender la pobreza y la desigualdad.
Un caso paradigmático es el del Ingreso Ético Familiar, proyecto que ha sufrido un conveniente proceso de jibarización desde el primer anuncio. En campaña fue presentado con fanfarreas como un Sueldo Ético Familiar y para el discurso del 21 de Mayo de 2010 se fijó en 250.000 pesos. El resultado final es mucho más modesto y estará lejos de garantizar la cifra prometida. Si ya le parecía poco 250.000 pesos para una familia de cinco personas, piense cómo mejorarán su vida los más necesitados con los 4.500 a 7.500 pesos por persona que La Moneda finalmente entregará.
Algo parecido ocurre con el descuento del 7% a los jubilados por concepto de salud. Suena bien, pero para miles de pensionados que reciben 75.000 pesos de pensión el nuevo beneficio les significará apenas 5.200 pesos adicionales.
Lamentablemente no estamos ante políticas sociales revolucionarias para garantizar mayor equidad sino ante la misma vieja lógica con la que la derecha y muchos chilenos calman sus culpas: la caridad.
Paralelamente y en una profundización de la racionalización al estilo empresarial, el gobierno se empeña en reducir beneficios ganados por los chilenos. Lo saben los postulantes a las becas de postgrado, lo saben los niños que no recibirán un computador por su buen rendimiento, lo saben los trabajadores del Estado a honorarios que ya no cuentan con beneficio como el derecho a sala cuna para sus hijos, entre otros muchos derechos que hoy se consideran prescindibles.
Si usted no tiene un puntaje miserable en la Ficha CAS no sueñe con beneficio alguno. Tampoco sueñe con escuchar a las autoridades hablar de redistribución del ingreso. Con suerte, verá al ministro Kast indignado con el informe de la OCDE que acusa la mala distribución de la riqueza en Chile, pero defendiendo con fuerza el crecimiento económico como “la gran herramienta para destruir la pobreza”. Sin duda, una tesis que ha ayudado mucho a las desvalidas familias Luksic, Paullman y Matte.
Elija: ¿La empresa o la vida de los niños de la Greda?
Otro caso que desnuda las prioridades de este gobierno es el de los alumnos de la escuela La Greda, en Puchuncaví, donde los estudios detallaron un alto grados de productos tóxicos en el aire que, probablemente, son la causa de un anormal número de enfermedades, como cáncer, en la zona.
Sin embargo, el Ministro de Educación decidió que las clases debían retomarse. Suponemos que el empático Joaquín Lavín escuchó desde el más allá a San Escrivá de Balaguer hablarle sobre el valor superior de la educación por sobre la integridad física de esos niños.
El llamado del alcalde de Puchuncaví, José Varas, ante la inaudita medida del bonachón secretario de Estado fue desgarrador: “(Lavín) está mandando a los niños a la muerte, está mandando a los niños al genocidio, por favor ese colegio hay que cerrarlo, erradicarlo y háblenles con la verdad a los padres”. En el gobierno sólo se escuchó: cri, cri, cri…
(Ante el peso de las evidencias, este artículo pone fin a la serie “Bitácora de un gobierno de excelencia” que se publica desde 2010 en Revista Réplica).
